Fue aprobada ayer, 29 de abril, por el Pleno del Congreso de los Diputados con el 95 por ciento de los votos en cada una de las Cámaras, algo que, según una nota del Ministerio de Industria “es una muestra del amplio consenso obtenido entre los diferentes grupos parlamentarios”. Tiene como objetivo duplicar la capacidad de banda ancha.
Aprobada por el Ejecutivo en septiembre del pasado año con el fin de duplicar la capacidad de banda ancha para desplegar redes de nueva generación, tanto en telefonía móvil como fija, finalmente ayer, 29 de abril, el Pleno del Congreso de los Diputados dio luz verde a la nueva Ley General de Telecomunicaciones. Y fue respaldada por el 95 por ciento en cada una de las Cámaras, lo que según la nota del Ministerio de Industria, “es una muestra del amplio consenso obtenido entre los diferentes grupos parlamentarios, tras un gran esfuerzo realizado por parte de todos los grupos y de la clara vocación de este Gobierno en la búsqueda de acuerdos, como ya se había anunciado en su presentación como proyecto de ley en el Congreso”.
“La nueva Ley General de Telecomunicaciones es una ley necesaria, oportuna, reformista y ambiciosa en un momento en el que el sector de las telecomunicaciones vive una renovación tecnológica importante”, apuntan desde el Ministerio.
Con esta ley se sientan las bases para que los ciudadanos disfruten de las ventajas y servicios de la alta velocidad de acceso a internet, tanto desde su hogar como en movilidad.
La nueva Ley se configura como la clave que sustenta el régimen jurídico de las telecomunicaciones y es un instrumento de primer orden para llevar a cabo reformas estructurales en uno de los sectores llamados a ser palanca de la recuperación de España.
La Ley General de Telecomunicaciones persigue como objetivos principales la cohesión social y territorial en el ámbito de las telecomunicaciones, la eficiencia en los despliegues mediante la adopción de medidas que ayuden a los operadores a desplegar sus redes con mayor facilidad y así poder realizar las inversiones que la innovación tecnológica demanda y que es una característica de este sector. Además, refuerza la unidad de mercado mediante el diseño de nuevos mecanismos de colaboración entre el Estado y las restantes Administraciones Públicas, que faciliten la adopción de acuerdos y el ejercicio legítimo de las competencias de las distintas Administraciones.
Con la consecución de estos objetivos se pretenden alcanzar los fines últimos que persigue la nueva Ley General: disponer de redes y servicios más innovadores, más adaptados a las necesidades de los ciudadanos, de mayor calidad y a unos precios más asequibles, que contribuyan al crecimiento y a la recuperación económica, así como a la creación de empleo.
Mejoras introducidas en la tramitación parlamentaria
Se han incorporado en total 179 enmiendas tanto del Senado (34 y 5 transaccionales) como del Congreso (53 en sus propios términos y 92 más de los diferentes grupos a través de textos transaccionales); enmiendas que suponen:
– Garantizar unos mecanismos de colaboración entre Estado y otras Administraciones Públicas reales, efectivos y aplicables dentro de la leal colaboración entre AA.PP y que exista mejor coordinación. Con ello se garantiza la unidad de mercado en el sector de las telecomunicaciones y se facilita por el conjunto de Administraciones Públicas el que los operadores puedan desplegar sus redes y realizar inversiones.
– Potenciar el reconocimiento y garantía de los derechos de los usuarios de telecomunicaciones en temas como mayor información a los usuarios en asuntos como calidad, tarifas y compensaciones, así como refuerzo a los derechos de los usuarios con portabilidad, mejoras en el contenido de los contratos, transparencia en las reclamaciones de usuarios, y mayores sanciones por incumplimiento de éstos derechos, entre otras.
– Reforzar y clarificar de las competencias de la CNMC, por ejemplo, en materia sancionadora, en la asignación de la competencia residual y en el reconocimiento de manera expresa, de sus funciones de asesoramiento o arbitraje, entre otras.
– La previsión de medidas para reducir la brecha digital y para universalizar la banda ancha. También se ha introducido una disposición adicional que persigue impulsar la política industrial del sector TIC y la innovación en este ámbito.
