En el mes de diciembre del pasado año la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, proponía que Telefónica diese acceso directo a su red fibra óptica a los competidores que lo solicitasen, con un precio reglado, en todo el territorio nacional, a excepción de nueve municipios en los que según el regulador, ya hay competencia suficiente al existir un mayor despliegue de redes de banda ancha.
El organismo regulador lanzaba una consulta pública sobre el análisis de los mercados mayoristas de banda ancha, una propuesta que, según la propia CNMC, buscaba un equilibro entre garantizar la competencia efectiva y promover la inversión en redes de acceso de nueva generación o NGA.
Como era de esperar, la decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de dar acceso directo a los competidores, no fue del agrado de la compañía que preside César Alierta. A la posible pérdida de clientes, frenando su supersónica carrera en número de abonados, a Telefónica se le une el recuerdo de la situación que atravesó con el cobre cuando la empresa no tenía competidores, básicamente mismo escenario que ahora, y nuestro país era uno de los más caros para acceder a Internet con banda ancha. La concurrencia de operadores alternativos hizo que el precio descendiera, por el acceso indirecto de la reventa del ADSL, aunque realmente la batalla de precios comenzó cuando los operadores concurrentes abrieron sus propias centrales.
Así las cosas, a mediados de enero Telefónica advertía que podría ralentizar sus inversiones en las redes de nueva generación; actualmente cuenta con unos 1,2 millones de clientes de fibra óptica, equivalente a una cuota de mercado del 85 por ciento.
Pero si a la compañía española no le ha gustado la decisión, no sucede lo mismo con Vodafone y Orange; la primera, que cerró la compra de ONO el pasado mes de junio, la tildó de “buena propuesta para el mercado”; mientras que la segunda, que espera que la operación de compra de Jazztel pueda cerrarse para primavera una vez que la Comisión Europea finalice su investigación en profundidad, aseguraba “que va en la dirección adecuada porque solventa problemas de competencia existentes en la actualidad y fomenta la inversión”, e iba más allá considerando que, en ciertos aspectos, la propuesta se quedaba corta, afirmando que iba a presentar alegaciones entre las que destaca que la petición de que Telefónica abra el acceso a la competencia también para todos sus contenidos.
Si Telefónica aseguraba que entre 2009 y 2013 había invertido más de 10.000 millones de euros en el mercado doméstico, especialmente para la construcción de nuevas redes fijas y móviles, Orange también argumentaba la inversión como base de sus propuestas y señala que, desde su desembarco en nuestro país, ha invertido 15.000 millones de euros y que para el desarrollo de su red 4G destinará unos 1.500 millones de euros más.
Pero si el tema por sí solo no estaba lo suficientemente enmarañado, a primeros de este mes de febrero, el Grupo Parlamentario Popular presentaba en el Senado una moción en la que se solicitaba a la CNMC que redujese las obligaciones impuestas a Telefónica en fibra dentro de su propuesta regulatoria para el mercado mayorista de banda ancha. Algo que no ha gustado a muchos sectores, entre los que se encuentran la Asociación de Empresas Operadoras y Servicios de Telecomunicaciones, Astel, y la Asociación de Operadores Empresariales de Telecomunicaciones, Asotem, que representan los intereses de los operadores alternativos a Telefónica; así, estas entidades manifestaron “su profunda preocupación” por las “injerencias políticas y presiones” que se están ejerciendo sobre la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Dichas asociaciones destacan que el debate “se está politizando” y que no se debe olvidar que el objetivo de la regulación es conseguir un nivel de competencia efectivo que maximice los beneficios para los usuarios finales.
Poco después, el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, declaraba que “la CNMC es un organismo independiente y tiene que velar por que se cumplan las condiciones de mercado en todos los sectores regulados. El Gobierno tiene total y absoluto respeto por la CNMC», aunque también pedía “el máximo consenso parlamentario”, tal y como sucediese con la Ley General de Telecomunicaciones.
Y días más tarde, el grupo popular en el Senado ha reculado y ha retirado la moción cerrando, de momento, la brecha por la “batalla en las comunicaciones”. ¿Por cuánto tiempo? En todo caso, falta conocer los resultados de la consulta pública sobre el análisis de los mercados mayoristas de banda ancha.
