El Ministerio de Cultura acaba de difundir una nota con el balance, muy positivo, realizado por el Ministerio del Interior sobre la piratería audiovisual en nuestro país.
Reproducción literal de la nota de prensa del Ministerio
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad incautaron en 2015 artículos valorados en más de 20 millones de euros por delitos que vulneraban derechos de propiedad intelectual.
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad desarrollaron el año pasado 395 intervenciones, detuvieron o imputaron a 231 personas por infracciones contra los derechos de propiedad intelectual, e incautaron 245.173 objetos valorados en más de 20 millones de euros.
Estos son algunos de los resultados que presenta el Balance 2015 de la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual y que publican el Ministerio del Interior y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en colaboración con la Asociación Nacional para la Defensa de la Marca (ANDEMA), asociación adscrita al Consejo Superior de Cámaras de Comercio.
Los datos que recoge este balance reflejan el total de las intervenciones policiales realizadas tanto por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional y Guardia Civil), como por los Cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad (SEC).
Uno de los puntos a destacar dentro de las acciones encaminadas a la lucha contra los hechos que vulneran la propiedad intelectual es el impacto de esta actividad ilícita en la economía formal en su conjunto, medido en pérdidas económicas y sociales significativas.
La valoración de la mercancía intervenida a lo largo de 2015 versa de forma exclusiva sobre los artículos incautados. Así, no se efectúan estimaciones del posible perjuicio económico que puede derivarse de estas actividades delictivas que conllevan la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet. Con todo, el valor de los objetos intervenidos durante 2015 asciende a un total de 20.857.457 €.
Dentro del conjunto de los efectos intervenidos, es el sector relativo a la informática/electrónica/software (41,5%) el más numeroso en términos cuantitativos.
En lo que respecta a los distintos puntos de incautación de la mercancía, los datos registrados establecen que las principales ubicaciones en las que se han efectuado las intervenciones policiales son el domicilio (32,7%) y la vía pública (8,4%).
Por otro lado, la distribución territorial de la delincuencia que afecta a la propiedad intelectual se concentra principalmente en las Comunidades Autónomas de Andalucía, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña.
Lucha frente a la actividad ilícita en internet
En el ámbito de la lucha contra la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en Internet, la Comisión de Propiedad Intelectual (CPI) dispone, desde el 1 de marzo de 2012, de una Sección Segunda competente en el procedimiento administrativo-judicial de salvaguarda de los derechos de propiedad intelectual en Internet.
Corresponde a la Sección Segunda el ejercicio de las funciones frente a la vulneración de los derechos de propiedad intelectual por los responsables de servicios de la sociedad de información según lo previsto en la Ley 34/2002 y en la Ley de Propiedad Intelectual a través del referido procedimiento administrativo-judicial, el cual se entiende sin perjuicio de las acciones civiles o penales que, en su caso, sean procedentes.
Además, con la aprobación de la Ley 21/2014, de 4 de noviembre, por la que se reformó la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley de Enjuiciamiento Civil, se ha tratado de dar algún paso más, especialmente a través de la consecución de varios objetivos:
- Incrementar la eficacia de los mecanismos procesales para la protección de los derechos de propiedad intelectual en el ámbito civil.
- Mejorar la eficacia de las notificaciones y la defensa de los interesados en el procedimiento de salvaguarda de derechos de propiedad intelectual en Internet, que tramita la Sección Segunda de la CPI.
- Reforzar las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual frente a su vulneración por parte de responsables de servicios de la sociedad de la información.
Desde el inicio de su actividad, en el año 2012, y hasta el 15 de mayo de 2016, se han presentado, ante la Sección Segunda de la CPI, 463 solicitudes, de las cuales se han resuelto expresamente 441 (95,25% de las solicitudes presentadas).
Dentro de esas resoluciones expresas, debe señalarse que, de las 275 webs afectadas/requeridas (entre ellas 82 webs de enlaces), 265 han retirado hasta el momento los contenidos identificados por la CPI que ofrecían ilícitamente, y entre ellas 43 han cesado por completo en su actividad:
- 7 webs con extensión de dominio “.es” han sido canceladas, a instancia de la CPI, por la entidad pública Red.es.
- 36 páginas webs han cerrado completamente a raíz de las actuaciones de la Sección Segunda de la CPI, ya sea como consecuencia de requerimientos de información o de su notificación como interesados tras la resolución de un acuerdo de inicio.
Asimismo, se han dictado 6 resoluciones judiciales en el ámbito de la Audiencia Nacional autorizando el bloqueo, en territorio español, de 7 webs objeto de actuaciones de la Sección Segunda de la CPI, y según lo resuelto por ésta.
Por otra parte, cabe mencionar, desde el punto de vista jurídico, la reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, puesto que vino a definir los tipos penales que configuran el ámbito de la delincuencia contra los derechos de propiedad intelectual en Internet. En concreto, se ha incluido como delito la facilitación, de modo activo y no neutral, y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, del acceso o la localización en Internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares.
Además, desde la Fiscalía General del Estado, se ha adoptado la Circular 8/2015, de 21 de diciembre, sobre los delitos contra la propiedad intelectual a través de los servicios de la sociedad de la información.
Por último, se ha dictado en España, en relación con los delitos contra la propiedad intelectual, la sentencia de la Operación Youkioske (por la creación de un kiosko digital en el que se colgaban periódicos, revistas y otras publicaciones sin autorización de sus autores). Resolución que resulta ser la mayor condena impuesta hasta el momento por estos hechos. En ella, se establece la responsabilidad de los administradores de páginas webs de enlaces, basándose en los siguientes argumentos:
- El preciso conocimiento de que a través de los enlaces se facilita el acceso a contenido protegido, y se actúa sin la “autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o sus cesionarios”.
- Tiene que efectuarse una comunicación pública, entendida como “todo acto por el cual una pluralidad de personas puede tener acceso a la obra, sin previa distribución de ejemplares de la misma”.
- Que los responsables actúen con ánimo de lucro, es decir, con “la intención de obtener un enriquecimiento económico con la acción”.
- Debe haberse producido un perjuicio (patrimonial) a un tercero, y además, un “resultado material lesivo”.
El estudio estadístico completo se puede consultar en la página web del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es), y en la web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (www.mecd.gob.es). Junto con los datos estadísticos, se acompañan imágenes y vídeos de las operaciones más relevante llevadas a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil en esta materia.
Cine&Tele On Line y su campaña permanente contra la piratería en España
La diferencia abismal entre las informaciones que distribuye el ministerio de Cultura y la Coalición de creadores en el asunto de la piratería se ha convertido en una constante desde hace más de un año en nuestro país. Desde Cine&Tele On Line tomamos la decisión de publicar ambas versiones a fin de que nuestros lectores pudiesen formar su propio criterio al respecto, aunque basta solo con escuchar las conversaciones entre los jóvenes de 15 a 30 años para saber que el visionar películas de forma fraudulenta a través de internet es un hábito muy arraigado. Los responsables directos de este grave desvío de la actitud cívica de nuestra juventud son los dos últimos gobiernos que hemos “sufrido” los españoles desde hace ahora casi 12 años, justo cuando el acceso a internet comenzó a masificarse en España. Ni Rodríguez Zapatero (PSOE) ni Mariano Rajoy (Partido Popular) han tenido el valor necesario para “coger el toro por los cuernos” como lo han hecho sus colegas del resto de Europa y, en consecuencia, han valorado más la posible pérdida de votos en las diferentes elecciones generales a las que se han sometido que la defensa de un sector que la Unión Europea ha calificado como estratégico para la creación de riqueza en el Viejo Continente.
El presidente de la MPAA (Motion Picture Association on América), en representación de la parte más perjudicada por esta dejación de funciones, ha visitado España numerosas veces en estos doce años y se ha entrevistado personalmente con el presidente Rajoy, ahora en funciones. Confiamos en que las elecciones generales del próximo día 26 de junio decidan, de una vez por todas, castigar a los dos partidos que han hecho de la palabra CULTURA un concepto abandonado en todos los debates, especialmente a lo largo de estos cuatro últimos y nefastos años para nuestro sector.
Sabemos bien que los desmanes cometidos por nuestros diferentes gobiernos desde hace décadas nos están pasando ahora la factura y nos vemos obligados a sufrir restricciones por culpa de tanta malversación de dineros públicos, y de tantas decisiones tomadas contra la lógica más elemental.
Unas decisiones que han producido un mínimo ahorro para las arcas del Estado a cambio de incrementar enormemente los gastos en subsidios de desempleo, cierre de empresas y pérdida de la posición privilegiada que tenía España en el ámbito de la creación audiovisual a nivel internacional. Puede que las macrocifras de la economía nacional hayan mejorado un poco, pero el daño que se ha causado al tejido creativo y productivo nos ha restado mucha capacidad para competir en los mercados internacionales durante los años venideros.
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“La aprobación de la Ley Orgánica de enero de 2015 contra la piratería fue muy positiva, aunque ahora hace falta que se aplique”
José Manuel Tourné, director general de la FAP, comenta en exclusiva para Cine&Tele On Line algunos datos recientemente difundidos por el Ministerio de Cultura sobre la piratería en España.
Respecto a la retirada voluntaria de contenidos protegidos por derechos de propiedad intelectual de más de 260 webs requeridas, José Manuel Tourné ha afirmado que «se trata de la retirada de 2-3 títulos por cada web unos 350 días después», mientras que sobre el dato de las 43 webs que han cesado completamente su actividad, señala que «la mayoría de ellas, han cerrado por acciones ajenas a la Comisión y otras han sido reemplazadas”.
Tourné ha asegurado que «la labor de las Fuerzas de Seguridad ha sido siempre excelente y los resultados serían aún mejores si tuvieran un mínimo de colaboración judicial. Esta colaboración es imprescindible para autorizar las investigaciones en domicilios para conseguir las pruebas que permitan describir la actividad de los administradores de las webs piratas”. Asimismo, ha explicado que «en cuatro años se han bloqueado tres páginas frente a las más de 200 que se han cerrado o bloqueado tanto en Italia como en Portugal en poco más de un año».
Sobre la mejora de la eficacia de las notificaciones y el refuerzo de las medidas de protección de los derechos de propiedad intelectual, José Manuel Tourné apunta que «la SETSI apenas ha sancionado a los responsables de dos o tres webs ilegales que vulneran la LSSI.
En cuanto a los datos de la Sección Segunda de la CPI, en los que se afirma que se han resuelto 441 de las 463 solicitudes, Tourné señala que se han resuelto «en plazos superiores a los 400 días, ordenando la retirada de dos o tres títulos frente a una oferta de miles».
Por último, ha destacado que la reforma de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, centrada en los tipos penales que configuran el ámbito de la delincuencia contra los derechos de propiedad intelectual en Internet, fue «muy positiva, aunque ahora hace falta que se aplique».
En la nota del Ministerio de Cultura se indica que desde la Fiscalía General del Estado se ha adoptado la Circular 8/2015 de 21 de diciembre, sobre los delitos contra la propiedad intelectual a través de los servicios de la sociedad de la información. A este respecto, Tourné confirma que es una muy buena noticia y que “desde 2006 estábamos pidiendo que se reformara la anterior Circular (1/2006), que ha generado una praxis judicial ambigua, hasta el punto de que algunas sentencias absolutorias de este último año alegan que hasta ahora no era delito y a partir de la reforma del Código Penal, sí».
