En una nueva demostración de su desprecio por la Cultura, el Gobierno -representado por su portavoz y ministro de Educación, Cultura y Deporte-, confirmó ayer en el foro organizado por ABC y Deloitte, que reducirá el IVA de los espectáculos taurinos del 21 al 10 por ciento. Sin embargo, no hizo ninguna referencia a otros espectáculos en vivo, incluidos en el pacto del PP con Ciudadanos, tales como el teatro. Por supuesto, de la reducción del IVA en las salas de cine, no dijo nada. De cualquier manera, estamos ante unas simples declaraciones de un ministro que no podrá disponer de ningún presupuesto sin permiso del Ministerio de Hacienda y, mucho menos a día de hoy, ya que no están aún aprobados los Presupuestos Generales del Estado para 2017.
Así pues, los teatros y demás espectáculos de España habrán de seguir soportando el lastre que supone entregar al fisco casi la cuarta parte de su recaudación nada más entrar el dinero por la taquilla. Además, en el caso de los cines seguirán sufriendo el expolio de sus contenidos a través de redes piratas (ver la declaraciones de José Manuel Tourné, director general de la Federación para la Protección de la Propiedad Intelectual, a Cine&Tele Online aquí)
El cine continúa siendo el gran perjudicado por esta fiscalidad que produce al Estado más gastos que beneficios, según el cuadro anexo en el que se observa cómo el aumento del IVA supuso el inmediato descenso de la recaudación bruta del cine en España en unos cien millones de euros anualmente.
Esta disminución en la recaudación repercute, claro está, en la recaudación de IVA, pero también supone un lastre para las cuentas generales del Estado por el cierre de empresas y la destrucción de puestos de trabajo. Y lo que es aún peor: la desertización del territorio español en cuanto a parque de salas, pues cierran -como siempre- las más desfavorecidas, esto es, las que están situadas en pequeñas y medianas poblaciones. Ninguno de los cuatro niveles de la Administración Pública que soportamos los españoles hace nada por evitar esta auténtica catástrofe cultural, excepción hecha por los casos aislados de algunos Ayuntamientos y un par de Comunidades Autónomas (Cataluña y País Vasco) que hacen lo que pueden, dentro de sus ámbitos de competencia, por ayudar al sector.
Recordemos que en España hay 23 municipios con más de 50.000 habitantes que no disponen de salas de cine. Es decir, cerca de dos millones de personas tienen que desplazarse a otras localidades para poder disfrutar de sus películas favoritas en pantalla grande. Sin duda, la indolencia del Gobierno central, de los regionales y especialmente de los municipales, está dejando a una buena parte de la población en niveles de equipamiento cultural similares a los de África. Nos preguntamos por qué el alcalde de turno no pactó con el empresario local de exhibición antes de que cerrase su local. O por qué las elevadas inversiones en Casas de Cultura vacías y cerradas no ofrecen cine, al menos los fines de semana, a los vecinos que las financiaron con sus impuestos.
Caso diametralmente opuesto es el de nuestra vecina –y sin embargo, tan lejana—Francia, donde una excelente política aplicada al cine desde hace varias décadas ha conseguido que en 2016 el número de espectadores alcance la mejor cifra en los últimos 50 años. Aquí en España el Gobierno prefiere difundir, a través de todos sus medios afines, la idea de que el cine en las salas es un modelo en vías de extinción.
Y no solo aplica esta línea de pensamiento a las salas: toda la cadena de valor está siendo afectada negativamente, empezando por la drástica reducción de ayudas a la producción. A este respecto, basta con recordar las palabras de Yvonne Blake y Mariano Barroso, presidenta y vicepresidente respectivamente de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, en la gala de la pasada edición de los Goya, donde destacaron que: «El cine español no vive del Estado, genera riqueza para el Estado, a pesar del desempleo que golpea a actores y creadores, casi el 92 por ciento del total».
Mientras tanto, el Gobierno sigue cacareando a los cuatro vientos que España tiene el mayor crecimiento de la zona euro. Eso sí, continúa arruinando a un sector estratégico que podría recuperarse con una ayuda de, aproximadamente, 150 millones de euros al año.
A pesar de todo, seguiremos resistiendo.
