PROA (Productores Audiovisuales Federados de Cataluña) presentó durante la 65ª edición del Festival de Cine de San Sebastián su proyecto para modificar radicalmente el modelo de financiación del cine español. Es el enésimo estudio que se publica sobre un tema que nunca termina de resolverse.
Tenemos conocimiento de estudios donde se abogaba por una gran implicación del Estado en la financiación del cine nacional desde 1914, año en el que Nemesio Sobrevila, conocido en el gremio como ‘El peliculero bilbaíno’, publicó el que pensamos fue el primero de estos estudios.
Muchos años después, una vez superada la Transición, y ya con el gobierno socialista en el poder, se hicieron en España múltiples estudios sobre este mismo tema, muchos de los cuales llenos de gran sensatez. En los archivos de Cineinforme conservamos al menos media docena de ‘Libros Blancos’ sobre este asunto, alguno de los cuales han sido editados incluso por el propio Ministerio de Cultura.
Pero hay países en los que se avanza y otros países en los que no. En los que se avanza, la democracia y todo su aparato político intenta proclamar leyes que sean favorables para el bien común. En otros, sin embargo, la democracia y todo su aparato político se mueve sólo para atender a los intereses de la oligarquía. Lamentablemente, España se encuentra en este segundo grupo.
El estudio recién presentado por PROA se basa, fundamentalmente, en la legislación que se aplica para el audiovisual en Francia, donde el Estado no aporta nada a los fondos para la promoción de su industria audiovisual. Estos proceden de las aportaciones que toda la industria realiza mediante un canon variable según el sector donde se aplica.
Un estudio basado en este mismo modelo fue elaborado y publicado en CINEINFORME en enero de 1996, año en el que las ayudas al cine francés eran el equivalente a 40.000 millones de pesetas, mientras que en España esas mismas ayudas eran entonces de 4.000 millones. Han pasado 21 años y la diferencia entre las ayudas al cine francés y al cine español continúan manteniendo la misma proporción: en Francia la industria sigue beneficiándose de ayudas diez veces superiores a las que están establecidas por la ley en España.
En aquella ocasión, el último párrafo de nuestro informe decía: «En estas condiciones de desigualdad, no podemos competir ni siquiera en nuestro propio mercado, que hoy ya es todo el territorio de la Unión Europea. De continuar en estas circunstancias, dentro de unos años se verá en España más cine francés que español». Las cifras actuales parece que nos van dando la razón…
¿Cómo es posible que el señor Méndez de Vigo, ministro de Cultura, diga que si el Gobierno español no ha prestado una adecuada atención al cine en los últimos años se debe a que el ministro de Hacienda, el señor Montoro, no tenía la suficiente información?
Cada uno puede responder a la pregunta como mejor le parezca pero está claro que en España la oligarquía -civil, eclesiástica o militar- no considera a la industria audiovisual como un sector capaz de crear riqueza. Consecuentemente, nuestros políticos, que sólo actúan como marionetas de esa oligarquía, proclaman leyes para el cine que resultan incomprensibles en cualquier otro país europeo.
A continuación, reproducimos el estudio de CINEINFORME publicado hace 21 años donde prácticamente las cifras coinciden: 11% de tasa sobre la exhibición (con una condición: el IVA se ha de reducir al 5%); tasa sobre la televisión del 5,5% en CINEINFORME y del 5% en PROA; 2,5% sobre la industria videográfica (en la actualidad plataformas VOD) que proponía CINEINFORME contra el 1% que propone PROA.
Al final del estudio de PROA, el fondo llegaría a los 158 millones de euros anuales. En nuestro estudio de 1996, la cifra era de 19.837 millones de pesetas, equivalentes a 120 millones de euros actuales. La diferencia estriba en que PROA propone que el Estado continúe aportando 66 millones de euros al año de forma directa, mientras que en el de CINEINFORME, siguiendo el modelo francés, el Estado no tenía que aportar nada.
La única forma de luchar contra las injusticias que estamos sufriendo es crear y mantener una gran asociación que defienda los intereses de toda la industria, pero las asociaciones en España difícilmente prosperan, como podemos ver con el reciente caso de FAPAE, ahogada en luchas internas. Sin una gran unión de empresarios del sector, estamos condenados a seguir perdiendo puestos en el ranking mundial.
Puedes consultar el ESTUDIO DE PROA presentado en el Festival de San Sebastián aquí.
