El pasado martes 17 de marzo el Gobierno publicó un paquete de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. Pero PROA (Productores Audiovisuales Federados) muestra preocupación al detectar que no se tiene en cuenta lo específico del rodaje audiovisual. Por ejemplo, el ERTE está dirigido a proteger el empleo fijo y no los contratos temporales, con lo cual se deja fuera las productoras audiovisuales.
“¿Qué pasa con las contrataciones del personal previsto para los rodajes? ¿Qué pasa con las productoras independientes que han suspendido estrenos y tienen que hacer frente a mantener estructuras frágiles económicamente?¿Qué pasa con los proyectos cancelados por la situación de emergencia sanitaria global?”, se preguntan desde PROA.
Esta federación nos hace llegar su inquietud pues consideran que las medidas extraordinarias en el ámbito laboral publicadas en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, no son válidas para un sector específico como el audiovisual.
Las medidas implican el compromiso de la empresa de mantener el empleo de sus trabajadores durante el plazo de seis meses, desde la fecha de reanudación de la actividad. Pero la medida del ERTE, recogida en el Articulo 43 Disposición adicional sexta, busca proteger el empleo fijo y no los contratos temporales.
Esto dejaría fuera de juego a las productoras audiovisuales, que funcionan según las necesidades de producciones concretas con contratos temporales.
PROA está manteniendo conversaciones con el Ministerio de Cultura, que ha mostrado voluntad de coordinación para encontrar medidas que minimicen los efectos de la crisis económica que surge de la sanitaria.
“Desde PROA estamos actuando de interlocutor directo para revisar y buscar soluciones de forma muy urgente para la adaptación de la normativa a nuestra situación específica, adecuándonos a las necesidades de la industria audiovisual. El sector necesita claridad de manera inmediata para saber con qué herramientas puede contar”, afirman los productores.
