A finales de diciembre, el Gobierno, una vez aprobado por su Consejo de Ministros, remitió a las Cortes Generales el Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual. Para conocer en profundidad este texto que ahora va camino del trámite parlamentario, Cine&Tele se ha comunicado con asociaciones de distintos gremios con el fin de obtener gran pluralidad de opiniones sobre la valoración del proyecto, sus novedades y las medidas que se echan en falta. En este primer artículo nos centramos en las opiniones de entidades de productores, mientras que en los próximos días publicaremos las perspectivas de otras asociaciones. Por Carlos Aguilar Sambricio
AECINE (Asociación Estatal de Cine)
Presidencia: María Luisa Gutiérrez
“Desde AECINE consideramos que estaba clara la necesidad de la actualización de la vigente Ley del Cine que se había quedado obsoleta a la luz de los cambios acaecidos en el sector audiovisual en los últimos años.
De las peticiones que hicimos, por ejemplo, se han incluido una serie de definiciones que dotarán de un término jurídico a figuras del sector que no contaban con ningún tipo de regulación, ni distinción, a pesar de su importancia (productor ejecutivo, productor delegado, productor asociado, etc.). También se han eliminado términos desfasados como las referencias a ‘los trabajos en laboratorio’ (que se ha englobado dentro del concepto de ‘postproducción’).
Además, el nuevo Proyecto de Ley abre la puerta a la utilización de nuevas figuras e instrumentos contemplados en la legislación fiscal más allá de la figura de las Agrupaciones de Interés Económico, cuya operatividad está seriamente puesta en duda para el aprovechamiento de la deducción por inversiones en producciones cinematográficas y series audiovisuales. Y esto, en AECINE, lo consideramos positivo.
Sin embargo, el principal problema del Proyecto es que no entra en detalle en cada una de las medidas que contempla, remitiéndose a su futuro reglamento, lo cual crea una profunda sensación de inseguridad jurídica y hace imposible que se pueda tener una valoración definitiva del texto normativo.
Así, este Proyecto abre la posibilidad de que otras obras audiovisuales distintas a las cinematográficas puedan beneficiarse de las ayudas del ICAA. Esta nueva medida es muy difícil de evaluar por nosotros sin saber su calado económico. Por ejemplo, ¿qué porcentaje de los Presupuestos Anuales se destinará a estas otras obras audiovisuales en perjuicio de las películas cinematográficas? Esta indeterminación nos preocupa”.
¿QUÉ ECHÁIS EN FALTA? “Desde AECINE estamos profundamente preocupados dado que, además de abrir las líneas de ayudas a otras obras audiovisuales distintas a las cinematográficas, el Proyecto aprobado también puede abrir la posibilidad a que las actuales ‘ayudas generales’ puedan ser otorgadas a proyectos producidos exclusivamente por productores dependientes.
Así, el Proyecto contempla que esta ayuda será concedida a empresas productoras ‘garantizando en todo caso que la dotación de estas ayudas se destine mayoritariamente a productoras independientes’, lo cual, a falta de un desarrollo normativo, puede implicar que fuera de esta ‘dotación mayoritaria’ los productores dependientes pueden tener acceso a ayudas para proyectos que no cuenten con un productor independiente.
Tanto es así que nuestra reclamación histórica siempre ha sido que estas medidas de fomento sean destinadas únicamente a productoras independientes. Sin embargo, el nuevo Proyecto puede incluso empeorar la situación para la producción independiente en comparación con la actual normativa, donde sí se permite que las productoras dependientes accedan a este tipo de ayudas, pero sólo en proyectos coproducidos con productores independientes y con la limitación de que tengan un máximo de 60% de titularidad. Ahora no tenemos tan claro estos límites.
Otro punto con el que no estamos de acuerdo es, por ejemplo, con la reducción de la obligación de cuota de pantalla (sobre la que solicitábamos incluso un aumento respecto de la actual).
Además, desde AECINE solicitamos que se utilice esta norma legal para aclarar que el límite de intensidad de financiación pública del proyecto sea calculado conforme al coste contable del mismo y no sobre el coste reconocido por el ICAA. Algo que no aparece en el Proyecto. Para que nos entendamos. El coste subvencionable de una película tiene unas reglas dependientes del ICAA y el coste deducible tiene unas reglas dependientes de Hacienda. Es decir, la misma partida de coste puede ser deducible y no subvencionable. No tiene sentido en primer lugar que, a la hora de decidir cuál es el coste total sobre el que se aplica la intensidad, se coja el más restrictivo y, segundo, no tiene sentido que sea el coste reconocido por el ICAA porque ni todos los proyectos que tienen deducción tienen la obligatoriedad de un reconocimiento de costes en el ICAA, ni el ICAA tendría por qué estar chequeando las deducciones que dependen del departamento de Hacienda”.
PROA (Federación de Productoras Audiovisuales)
Presidencia: Jordi B. Oliva
“En su conjunto, La Ley del Cine y la Cultura Audiovisual actualiza un sistema que estaba desfasado, clarifica conceptos y mejora la Ley anterior. Por ejemplo, refleja una mayor voluntad de proteger el patrimonio audiovisual español; incluye otros formatos además del cinematográfico, adaptándose al cambio de hábitos de consumo y a la introducción de nuevas narrativas; modifica la definición de productor independiente y la acerca a la petición del sector, en comparación con la aceptada en la LGCA; hace una mención específica para proteger a colectivos minoritarios o desprotegidos; favorece la transparencia mediante el análisis, el seguimiento y la evaluación del impacto de las políticas de ayudas; abre la posibilidad de trabajar conjuntamente con las CCAA para las ayudas al desarrollo, producción, distribución y exhibición; fomenta el apoyo a la exhibición cinematográfica en las salas situadas en pequeñas zonas urbanas y rurales; incrementa las medidas de sostenibilidad; establece que el ICAA cree un plan estratégico cada cuatro años, y promueve la creación del Consejo Estatal de la Cinematografía y de la Cultura Audiovisual con colaboración público-privada para, entre otras cosas, participar en la elaboración de políticas audiovisuales públicas.
Pese a todas estas novedades, que valoramos positivamente, consideramos que en la Ley falta concreción. Si bien es cierto que la modificación de una Ley requiere un proceso largo y que, por ello, entendemos que algunos aspectos no se concreten, esto obliga a poner en marcha paralelamente un Reglamento donde se establezcan parámetros que no den lugar a dudas y que, de este modo, den seguridad a los beneficiarios.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que la nueva Ley del Cine y la Cultura Audiovisual todavía no está aprobada, así que tenemos margen para solicitar modificaciones a través de los grupos políticos en el Congreso”.
¿QUÉ ECHÁIS EN FALTA? “Aunque se han ampliado las definiciones para un mayor entendimiento entre el sector audiovisual y la Administración, se ha perdido la oportunidad de incluir términos muy importantes. Tampoco se ha optado por la utilización de una definición más acorde con la realidad. Por ejemplo, se sigue hablando de proyectos televisivos como definición genérica cuando se refiere a TV y plataformas.
Además, no se han aceptado solicitudes específicas para el documental, que queda en situación de desventaja frente a otros géneros. Este hecho refleja un profundo desconocimiento hacia las particularidades del género.
Tampoco se protegen las películas producidas por un productor independiente en la cuota de pantalla ni las películas cuya VO sea de una lengua cooficial en España distinta del castellano y, en cambio, tienen un tratamiento especial las películas comunitarias o iberoamericanas (art.15.2). En este sentido, echamos en falta que sólo las productoras independientes sean beneficiarias de las ayudas al fomento de la cinematografía y el audiovisual establecidas en la Ley.
Finalmente, el artículo 17.3 especifica que las bases reguladoras incorporen criterios de fomento a la igualdad de género, la sostenibilidad, las personas con discapacidad y la transición digital, pero no se ha incluido el fomento a la diversidad lingüística protegiendo las lenguas cooficiales del Estado”.
PIAF (Productoras Independientes Audiovisuales Federadas)
Presidencia: Koldo Zuazua
“Tras el largo y complicado proceso que desembocó a mediados de 2022 en la aprobación de la Ley 13/2022, General de Comunicación Audiovisual, desde el sector audiovisual esperábamos con interés el inicio del trámite parlamentario del Proyecto de Ley del Cine y de la Cultura Audiovisual para su aprobación y entrada en vigor a lo largo del año recién comenzado.
El procedimiento de urgencia declarado para su tramitación supone una declaración de intenciones en cuanto a la voluntad política de actualizar una normativa, cuya modificación ya se contemplaba dentro del ‘Plan España, Hub Audiovisual de Europa’ y que, en cualquier caso, debía adaptarse necesariamente a los profundos cambios y transformaciones experimentados desde el año 2007 en el que se aprobó la actual Ley del Cine.
Durante la fase previa de audiencia pública del Anteproyecto de Ley de Cine y de la Cultura Audiovisual desarrollada a comienzos de 2022, desde diversas Federaciones y Asociaciones de Productoras Audiovisuales reflexionábamos sobre el texto presentado y su escasa ambición o concreción en cuestiones tan relevantes como el tratamiento de los incentivos fiscales, la protección del productor independiente y la producción cinematográfica o el posible cambio del modelo de gestión y financiación del ICAA.
El Proyecto remitido a las Cortes incorpora algunas de las propuestas realizadas en su momento, si bien consideramos que deben fortalecerse los compromisos para cumplir con uno de los fines principales de la Ley, como es el fortalecimiento y apoyo de toda la cadena de valor que opera en el ámbito de la cinematografía y del audiovisual, con especial atención a los sectores independientes.
El proceso que empieza ahora para aprobar esta Ley, así como su posterior desarrollo reglamentario, se antoja fundamental para su implementación como herramienta básica de protección de la diversidad cultural a través de los sectores independientes, y, que de esta manera, ayude a regular los desequilibrios existentes en el marco de una industria audiovisual pujante y competitiva”.
MAPA (Federación de Asociaciones de Productores)
Presidencia: José Antonio Hergueta
“Para los productores independientes agrupados en MAPA, la ley es importante, al venir a contrarrestar el despropósito que supone la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que otorga a las plataformas y corporaciones digitales el mismo reconocimiento y protección legal que a las productoras independientes españolas.
La urgencia del Gobierno por disponer ahora de otra ley, la de Cine y Cultura Audiovisual, que enmiende ese agravio (inédito en la Unión Europea, cuyas directivas precisamente se dirigen a la protección de la industria nacional, como valor cultural y empresarial, identidad y marca) no resuelve el problema de que ya esté vigente la LGCA y que en el texto de la LCCA sólo se defina al productor independiente en lo que respecta a ayudas y subvenciones. Insuficiente, por razones evidentes, y porque convivirán dos definiciones equiparables pero contradictoras en sendas leyes, generando inseguridad jurídica y evidenciando la falta de apoyo al sector independiente español, en lo que debería estar centrado este Gobierno.
También nos parece que falta más valentía a la hora de definir un mercado tan cambiante y que afronta nuevos desafíos, donde convivirán las salas de cine con la distribución online, incluso más de lo que ahora sucede, por lo que da la impresión de quedarse algo antigua. El concepto del audiovisual sigue expandiéndose en terrenos de interactividad y soportes que pronto se harán habituales, y que dejarán obsoleta a esta ley muy pronto”.
¿QUÉ ECHÁIS EN FALTA? “Mayor compromiso en la protección del cine y audiovisual independiente, ya que es evidente el crecimiento que ha tenido la actividad cinematográfica desde que se han normalizado los incentivos fiscales y la competencia entre territorios ha fomentado la atracción de producciones internacionales.
Sin embargo, se va quedando atrás la creación propia, el cine del que salen los autores, las miradas, los intérpretes, incluso los técnicos y, por supuesto, las empresas que cubren todo el territorio nacional. Las ayudas selectivas, única vía de apoyo a este tipo de proyectos, se han quedado muy atrás frente a la consolidación de las ayudas generales y de lo que están siendo las desgravaciones fiscales. Esto quiere decir que, principalmente, se está apoyando un cine de perfil netamente industrial, películas comerciales de Atresmedia, Telecinco y plataformas, frente al cine español que llega a festivales y que el público es capaz de reconocer.
Quizá, en este momento, más que una ley de cine era mucho más necesaria una ley de mecenazgo que reconociera, por fin y de una vez por todas, la forma de atraer inversión privada al cine (y las demás artes) de una manera más ordenada y regulada, sin vaivenes ni depender de directivas de la AEAT, para disipar la inseguridad jurídica y avanzar, de una vez por todas, en el impulso a todos los tipos de cine”.
PROFILM (Asociación de empresas productoras de audiovisual internacional)
Presidencia: Fernando Victoria de Lecea
“Sin duda, se trata de un avance, aunque no de un cambio de paradigma, que es lo que el sector persigue desde hace años. La Ley no hace sino adaptarse a la entrada de nuevos operadores en el sector audiovisual español y al nuevo entorno digital sin profundizar en nuevos modelos de gestión que traten de paliar las carencias financieras de esta industria, los avances reconocibles en uso de las lenguas o en protección del patrimonio cinematográfico.
Nos parece también de gran importancia el compromiso que asume el Ministerio de Cultura a través del ICAA de elaborar y publicar periódicamente un plan estratégico para la cinematografía e informes anuales sobre las medidas impulsadas y sus resultados”.
¿QUÉ ECHÁIS EN FALTA? “Compartimos las mismas reivindicaciones que las otras asociaciones de productoras de cine nacional respecto a la actualización de la definición clara de productor independiente que, sin embargo, no se ha modificado respecto a la Ley de 2007, pese a los cambios que han tenido lugar durante los últimos años con la entrada de nuevos operadores a nuestro mercado.
Tampoco ha habido cambios en la regulación de los incentivos fiscales, que siguen dependiendo de la normativa tributaria y basculando sobre la constitución de AIEs; se ha sustituido la medida prevista en el anterior texto y que el sector ansiaba de la creación de una Agencia Estatal de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales por la creación de un Consejo Estatal de la Cinematografía y la Cultura Audiovisual, que aunque será sin duda muy bien recibido, no podrá implementar medidas de forma autónoma en la medida en la que lo haría una Agencia, tal y como se planteó en su día.
En el caso de la producción en España de rodajes y postproducciones extranjeros, se han propuesto medidas dirigidas a aprovechar el cambio normativo para simplificar trámites o recoger información sectorial útil que evidencie cómo influye en el erario público, y en el del audiovisual español en concreto, la llegada de producciones internacionales”.
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