Con la disolución precipitada del Congreso y el Senado debido al fracaso electoral de los partidos que forman el Gobierno, todas las acciones legislativas han quedado paralizadas. Entre ellas, la controvertida Ley Audiovisual de la que tanto hemos hablado en Cine&Tele PRO…
El pasado mes de diciembre el Consejo de Ministros aprobaba el proyecto para la nueva Ley del Cine y la Cultura audiovisual, que pretendía sustituir a la última legislación vigente en este ámbito, que data del año 2007 y fue aprobada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero.
En estos casi 16 años que han pasado desde la implementación de ese último texto, el sector audiovisual ha sufrido enormes reestructuraciones que obligaban a desarrollar una nueva ley que recogiera, por ejemplo, normativas relativas a las plataformas de streaming, retocara las obligaciones de inversión en producción por parte de los operadores o ajustara a los nuevos tiempos la definición de productor independiente. Sin embargo, tras meses de numerosas idas y venidas en la redacción del texto hasta conseguir una propuesta que resultara aceptablemente satisfactoria para todas las partes implicadas, finalmente el proyecto quedará en el limbo.
El adelanto de los comicios para designar un nuevo gobierno en España anunciado ayer por Pedro Sánchez y la consecuente disolución de las cortes dejará esta ley en el aire, delegando su futura tramitación e implementación -en caso de que llegue a producirse- en el próximo gobierno electo. La norma que, según explicaban sus impulsores, estaba destinada a «fomentar la producción, distribución y exhibición de obras audiovisuales; además de establecer tanto condiciones que favorezcan su creación y promoción, como medidas para la protección y difusión del patrimonio cinematográfico y audiovisual español» tendrá que esperar.
A causa de este anuncio político España quedará, una vez más, enormemente retrasada con respecto a la normativa europea en la materia. De hecho, uno de los motivos que impulsó al Consejo de Ministros a abordar con celeridad la elaboración de esta norma, enmarcada dentro del plan ‘España, Hub Audiovisual de Europa’, fue la petición recibida desde las instituciones europeas para transponer a nuestro territorio las disposiciones generales en materia audiovisual realizadas en los últimos tiempos a nivel continental.
Como consecuencias directas de este retraso pueden citarse, por ejemplo, que las plataformas podrán seguir operando sin ofrecer datos sobre el consumo de sus contenidos, que la cuota de pantalla no incluirá al cine latinoamericano o dirigido por mujeres, que el patrimonio cinematográfico seguirá excluido del patrimonio histórico español o que las obligaciones de inversión en audiovisual serán dispares para los operadores tradicionales con respecto a los innumerables jugadores que han llegado al tablero del audiovisual en los últimos años.
Pero la más importante es que una industria audiovisual española, que no deja de asombrar al mundo con la calidad, originalidad y relevancia de sus producciones, volverá a estar lastrada con respecto a sus competidores a nivel mundial -quién sabe por cuánto tiempo- por la inestabilidad e inacción de sus instituciones políticas.
