Un informe IRIS Extra del organismo que forma parte del Consejo Europeo en Estrasburgo, analiza cuál es la base legal en Europa para las sanciones o qué instrumentos legales hacen posible que Ucrania y otros países de Europa del Este implementen sanciones contra las emisiones de los medios rusos y bielorrusos.
El autor del informe, Andrei Richter, de la Universidad Comenius de Bratislava, abre el primer capítulo de este nuevo informe con una introducción general sobre el uso de los medios rusos como canales de influencia más allá de las fronteras nacionales, en particular tras la anexión de Crimea en 2014. Alrededor de 30 millones de ciudadanos de la UE de habla rusa y muchos más ruso-parlantes que viven en países vecinos, han sido «compatriotas» y, por lo tanto, han recibido emisiones en ruso desde Moscú. Además, Rusia lanzó en 2005 su importante servicio mundial, Russia Today.
Los capítulos dos y tres del informe profundizan en las sanciones nacionales implementadas contra los medios rusos y bielorrusos por parte de Ucrania, Moldavia y los Estados bálticos, así como la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con respecto a las sanciones pertinentes en toda la UE.
La invasión rusa a Ucrania del pasado mes de febrero provocó una reacción respecto a los servicios de medios rusos. En junio de este año entró en vigor el estatuto ucraniano “sobre la prohibición de la propaganda del régimen totalitario nazi ruso” que, básicamente, es una prohibición general de cualquier información que “respalde o justifique la naturaleza delictiva de las actividades de la Federación Rusa”.
Sin embargo, dado que las hostilidades existían desde 2014, la legislación en materia de medios audiovisuales de Ucrania ya había comenzado a adoptar una postura proactiva con respecto a la protección de los medios rusos agresivos. Así, ese mismo año la legislación permitió anular las licencias disponibles y prohibir el uso de frecuencias de radio o redes de telecomunicaciones por cualquier medio que atente contra la seguridad nacional, la soberanía o la integridad territorial ucraniana, lo que permitió silenciar cualquier medio que incitara al odio o la agresión hacia Ucrania y su pueblo.
Y en 2015, Ucrania utilizó el Convenio Europeo sobre Televisión Transfronteriza (ECTT) del Consejo de Europa, como base legal para lo que permitiría transmitir dentro de las fronteras nacionales. Este movimiento dio como resultado la suspensión de la retransmisión de 74 canales rusos en 2017 porque no “cumplían con los estándares ECTT”. Otro movimiento clave, en 2015, fue la decisión de Ucrania de reconocer formalmente a Rusia como “un estado agresor”. Esto permitió más adelante la introducción de más legislación que prohibía los programas audiovisuales que “popularizan las instituciones del estado agresor” o “justifican o legitiman la ocupación ilegal de territorios ucranianos”.
Respecto a los Estados bálticos, el autor señala sanciones económicas específicas contra el ejecutivo de medios y presentador de televisión ruso Dmitry Kiselyov debido a su apoyo abierto al despliegue de las fuerzas rusas en Ucrania. Estas sanciones de «persona designada» utilizadas por Estonia y Letonia permitieron a estos países condenar además a ciertas entidades de medios controladas por Kiselyov. En Estonia, por ejemplo, las sanciones contra Kiselyov obligaron al portal de medios estatal ruso Sputnik a cerrar su oficina de Tallin en noviembre de 2021.
Andrei Richter concluye que, entre 2014 y 2020, Ucrania ya había desarrollado un mecanismo eficaz de sanciones para contrarrestar la propaganda y la desinformación. Este mecanismo consistía simplemente en detener todos los mensajes de una fuente adversaria a través de una nueva legislación. Richter concluye que este exitoso modelo ha sido adoptado, con ciertas modificaciones, por otros países de Europa del Este, así como por la UE en general.
Puedes descargar el informe en este enlace.
