Esta mañana Cine&Tele ha asistido a la jornada convocada por la Federación de Cines de España para comunicar su postura sobre la nueva Ley del Cine a través de su director general Luis Gil y su presidente, Álvaro Postigo.
La Federación de Cines de España (FECE), asociación que representa a más del 80% del mercado de la exhibición, ha trasladado tanto al Ministerio de Cultura y Deporte como a los diferentes grupos parlamentarios, sus reivindicaciones a la nueva la ley del cine y de la cultura audiovisual, entre las que se encuentra la sustitución de la cuota de pantalla por un sistema de incentivos y fomento de la demanda y el restablecimiento de la ventana de exhibición como principales elementos para garantizar el futuro de las salas de cine.
Según Luis Gil, una Ley que era una buena oportunidad para cambiar cosas importantes ha terminado por ser «continuista con lo que había, una oportunidad perdida en lo que respecta a la exhibición, que ahonda en obligaciones que ya teníamos y ahora nos limitan aún más».
Las salas de cine han propuesto una serie de enmiendas y consideraciones al texto, detalladas esta mañana ante la prensa, con el objetivo de reequilibrar el proyecto que actualmente se encuentra en su tramitación parlamentaria, para fijar un marco legal equitativo para las salas de cine en la legislación española, corrigiendo aquellos aspectos del actual texto que son lesivos para su actividad económica y cultural.
Cuotas de pantalla
Uno de los principales nudos gordianos de este conflicto es el de la cuota de pantalla reservada para el cine español y europeo. «No entendemos que se siga manteniendo, a pesar de los constantes compromisos de revaluación. Si el objetivo es contribuir a la asistencia de los espectadores a ver cine español no es eficiente, de nada sirve proyectar una película por obligación si la sala está vacía. Desde FECE proponemos conmutar la cuota por leyes que estimulen la demanda de este tipo de películas, ayudando a las salas a programarlas y animando a los espectadores a consumirlas», ha añadido Gil.
Además, la Federación de Exhibidores expone que «no se ha cumplido con el mandato de la ley actual de evaluar a los cinco años de la aprobación de esta, el impacto de una medida de este calado. Por ello, se trata de una medida no justificada, que penaliza económicamente a los cines, sin establecer ningún tipo de compensación y que, además, es la base de una parte importante de las infracciones que recoge el proyecto».
Ventanas de exhibición
El otro gran factor de descontento que ha provocado la Ley del Cine en la FECE es la ausencia de referencias a la obligación de establecer, por ley, una ventana mínima que proteja a unas salas de cine que «constituyen un elemento fundamental dentro de la industria cinematográfica para que las películas tengan un adecuado desarrollo a lo largo de su vida. Su explotación ordenada en ventanas genera un impacto inicial y una onda expansiva que crece con el sistema».
En referencia a este punto, Álvaro Postigo ha explicado que «desde FECE somos absolutamente flexibles sobre el camino a seguir. Percibimos, por parte de distintos agentes del sector, que hay una mayoría que considera que establecer una ventana de explotación de al menos 100 días sería la mejor forma de aumentar la rentabilidad de las producciones. Estamos perdiendo un camino muy interesante para la recuperación de las salas, no entendemos por qué no se está siguiendo».
«Establecer esa ventana es clave para tener un punto de partida que nos permita negociar con agentes que están cómodos con el caos actual. No solo las plataformas, ya que aunque mucha gente las califique como nuestros enemigos, nosotros consideramos que podemos convivir perfectamente si se establecen unas reglas del juego lógicas».
Postigo ha añadido para concluir que el establecimiento de esta dinámica resulta clave para que la exhibición alcance sus objetivos de recuperación. «Vendimos el año pasado algo más de 60 millones de entradas. Medidas como esta son necesarias para alcanzar al menos los 80 millones, que es el punto a partir del que nosotros consideramos que la exhibición es rentable en nuestro país».
Cabe recordar que en otros países como en Francia, la ventana (actualmente de 15 meses) está regulada desde hace años, como parte fundamental de la Ley y en Italia, el año pasado, el Senado, por unanimidad, instó al Gobierno establecer un periodo de exclusividad para las salas de cine de 90 días para todas las películas, como una medida para proteger y fortalecer a las salas de cine de cara a recuperar los espectadores perdidos por la pandemia.
Otros puntos de desacuerdo
Luis Gil ha querido destacar dos aspectos concretos más que, a su juicio, resultan lesivos en esta nueva Ley. Por un lado «nos resulta complicado de entender que nos obliguen a reportar los datos de venta de actividades alternativas a la proyección de películas en las salas. Solicitamos que desaparezca, puesto que se trata de una medida implementada a demanda de gente de otros sectores que buscan conocer más sobre nuestro negocio y controlarnos. Nos asusta quién pide esta información y por qué».
«Por otro lado, no entendemos la reducción de 12 a 6 meses para hacer exhibiciones gratuitas de películas fuera de las salas. El ICAA nos dice que es un compromiso que tienen… pero consideramos que esto puede amenazar y resultar una competencia desleal hacia los exhibidores más pequeños y más independientes», ha completado.
Ayudas a las salas
En última instancia, Gil y Postigo han querido agradecer la inclusión de las ayudas a las salas de exhibición dentro de los Presupuestos Generales del Estado. Sin embargo, han precisado que, el traslado de la competencia del reparto de esas ayudas desde el ICAA a las Comunidades Autónomas, puede entrañar un importante riesgo en cuanto a plazos.
«El año pasado se fijaron 10 millones de euros en ayudas, que en esta ocasión van a pasar a 14 millones y medio, lo cual es de agradecer. Sin embargo, nos preocupa que este dinero no llegue a los exhibidores a tiempo, porque al haber trasladado por Ley esta responsabilidad a las Comunidades Autónomas… pasa a exigir una serie de plazos y procesos legislativos que, en pleno año de elecciones, va a ser difícil que se cumplan», han concluido.
