Las reacciones a la Ley del Cine Catalán siguen sucediéndose desde su aprobación la pasada semana. Tanto el sector de la distribución como el de la exhibición se muestran especialmente críticos con la redacción de la ley y alertan de sus peligros.
 Camilo Tarrazón |
‘Nos negamos a aceptar una ley bandera que más que una ley del cine es una ley de política lingüística’, decía Camilo Tarrazón, presidente del Gremio de Empresarios del Cine de Cataluña. Por su parte, Luis Hernández de Carlos, presidente de Fedicine, insistió en la postura de la asociación de distribuidores, dispuesta a cumplir la ley, pero a su modo: sin doblar ni subtitular los grandes estrenos de las majors que se estrenen en la Comunidad Autónoma catalana: ‘Sinceramente, creemos que esta ley ha nacido muerta’.
La postura de las grandes distribuidoras cinematográficas tiene mayor relevancia en tanto en cuanto no piensan únicamente en el mercado catalán ni en el español, sino en toda Europa: ‘No pensamos admitir el término obligación porque hacerlo sería dejar la puerta entreabierta a que cualquiera se sintiera con derecho a pedir algo así en toda Europa’, declaró Hernández de Carlos, en el diario El Mundo. |
Las distribuidoras, además, han dejado claro que la aprobación del texto legal rompe la línea de colaboración que hasta ahora se había mantenido en materia lingüística. Las majors habían venido doblando algunas películas al catalán, sobre todo infantiles, sin tener la obligación, solamente para ‘estimular la demanda’. Ahora ‘El pacto entre caballeros que teníamos con la Generalitat se ha roto y está claro que las consecuencias empezarán a notarse tarde o temprano’.
La ley del cine catalán impone el doblaje o subtitulado en catalán del 50% de las copias que se distribuyan en Cataluña. Quedan exentas las películas en castellano o catalán en su versión original y películas europeas en versión original con menos de 16 copias distribuidas en la comunidad. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2011 y contempla un período de adaptación de cuatro años ampliable a cinco, y en caso de acuerdos con el sector, a dos años más. La aplicación completa podría no llegar hasta 2018.
Los doblajes al catalán que se lleven a cabo correrán a cargo de distribuidoras y exhibidores cinematográficos. Cuando la ley se aplique en todo su rigor, se prevén multas de hasta 75.000 euros para los infractores.
