La UE declara ilegales las ayudas concedidas a Ciudad de la Luz

De esta forma, el Tribunal General de la Unión Europea da la razón a la Comisión Europea, que solicitó la devolución de los 274 millones de euros destinados por la Generalitat valenciana a los estudios cinematográficos, en mayo de 2012

Fue en 2008 cuando la Comisión Europea abrió una investigación en profundidad para determinar si la financiación que la Generalitat Valenciana concedía a la Ciudad de la luz era conforme a las normas europeas que regulan las ayudas de Estado, algo que contradecían las denuncias que les habían llegado y que motivaron dicha investigación.

Finalmente, el pasado 3 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea sentenciaba que las ayudas públicas de 265 millones de euros concedidas por el Gobierno valenciano a los estudios cinematográficos de la Ciudad de la Luz (Alicante) son ilegales y por tanto deben ser recuperadas.

De esta manera, la sentencia da la razón a la Comisión Europea y desestima los recursos presentados respectivamente por España, la Ciudad de la Luz y la empresa pública Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (SPTCV), responsable de Ciudad de La Luz desde 2004 (si bien el proyecto se puso en marcha en el año 2000).

La devolución de esta gran suma de dinero podría suponer que, el que iba a ser el ‘mayor centro audiovisual de Europa’, tal y como aseguró el entonces presidente valenciano, Eduardo Zaplana, tenga que cerrar sus puertas, con todo lo que ello supondría.

Casi 6 años de investigación
Tras la investigación, Bruselas dictaminó que «ningún inversor privado habría aceptado invertir en la Ciudad de la Luz en los mismos términos» que el Gobierno valenciano y que la financiación pública «distorsiona enormemente la competencia entre los principales estudios de cine europeos».

En sus recursos, España, Ciudad de la Luz y SPTCV alegaban fundamentalmente tres motivos, tal y como apuntan desde Europa Press:

– Negaban la existencia de una ayuda de Estado y sostenían que la Comisión había cometido errores al aplicar el criterio del inversor privado.

– Denunciaban falta de motivación y errores de derecho en el análisis de Bruselas sobre la compatibilidad de la ayuda con el mercado interior como subvención regional y como subvención cultural.

– Aducían falta y de motivación y errores respecto a los incentivos acordados a las productoras.

Su conclusión es que el valor neto actualizado del proyecto suponía una pérdida de alrededor de 130 millones de euros y que para el período comprendido entre 2000 y 2006 era negativo en un importe de más de 57 millones de euros, resultados que fueron confirmados por un análisis de una consultora independiente.

Los recursos sostenían que la Comisión debería haber tomado en consideración el rendimiento de la inversión adicional generada por la zona hotelera y de servicios colindantes. Sobre esta cuestión, el Tribunal General concluye que «esa posible mejora en la rentabilidad de la inversión en el proyecto no es suficiente a los efectos de la aplicación del criterio del inversor privado».