Tal y como informamos ayer en el reportaje “Canon digital: El Gobierno pierde, los Autores ganan”, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea hizo pública su sentencia en relación con el Real Decreto 1657/2012 de 7 de diciembre que regula el procedimiento para el pago de la compensación por copia privada con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.
La sentencia del TJUE pone de manifiesto que el cambio de sistema que realizó la Secretaría de Estado de Cultura eximiendo del pago al sector tecnológico y llevándolo a cargo de los Presupuestos Generales del Estado, es ilegal.
Pocas horas después de conocerse la noticia, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, emitía un comunicado en el que implícitamente reconocía el error. El comunicado también señalaba que “el Gobierno en funciones va a esperar el pronunciamiento del Tribunal Supremo”, por lo que se desprende que va a esperar a que la Sentencia sea irrevocable para admitir su error y obrar en consecuencia.
Lo cierto es que la Sentencia del TJUE deja claro que el modelo que en el año 2012 impuso la Secretaría de Estado de Cultura, por el que la compensación por copia privada pasaba a financiarse con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, es ilegal y contrario a la Directiva Europea, y además ha representado un daño patrimonial a los titulares de derechos superior a los 400 millones de euros, un dinero que el Estado – es decir, todos los españolas- deberá abonar a los perjudicados. Mientras tanto, los responsables, nuestros administradores públicos a los que pagamos el sueldo con nuestros impuestos, se irán tan tranquilos a disfrutar de su jubilación anticipada sin tener que afrontar responsabilidad alguna. ¿Hasta cuándo?
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