Varios consejeros de RTVE han solicitado asesoramiento legal para evaluar una demanda contra el Gobierno tras la aprobación de un decreto que reduce significativamente sus funciones. La medida se da en medio de una reestructuración del consejo de administración de la corporación, y en un momento crucial para la empresa pública.

La tensión en Radio Televisión Española (RTVE) ha escalado después de que varios consejeros del ente público solicitaran asesoría jurídica con la intención de demandar al Gobierno. Esto sucede tras la reciente aprobación de un decreto que limitará las funciones ejecutivas de los consejeros, quienes han visto su rol reducido en vísperas de una reconfiguración del consejo de administración de la corporación.
Fuentes cercanas al consejo aseguran que esta decisión «ha dejado a los consejeros en un limbo», ya que, a pesar de mantenerse en sus puestos de forma provisional, han sido despojados de sus funciones ejecutivas hasta que se haga efectiva la renovación del consejo. Durante las próximas semanas, se espera que se celebren eventos clave en la corporación, como la supervisión de las oposiciones a inicios de noviembre, una tarea que ha cobrado mayor relevancia tras la polémica filtración de preguntas que llevó a la suspensión del último examen.
El descontento entre los consejeros ha alcanzado su punto crítico. Según las fuentes, “se han secuestrado las funciones del consejo de administración”, lo cual ha motivado a algunos miembros del órgano ejecutivo a tomar medidas legales en defensa de sus competencias. Los consejeros acusan al Gobierno de “maniobras reiteradas” para reducir la independencia de este órgano en favor de una mayor concentración de poder en la Presidencia de RTVE, un conflicto que, aunque no es nuevo, parece haber encontrado su momento más delicado con la reciente reestructuración impulsada desde Moncloa.
El decreto, además de limitar el papel ejecutivo del consejo, aumenta el número de consejeros de diez a quince miembros. El cambio supondrá una ampliación de los nombramientos por parte del Congreso, que designará a cinco nuevos consejeros, mientras que el Senado mantendrá su actual representación en el consejo. La nueva normativa también establece que, en caso de una segunda vuelta en el proceso de designación, el nombramiento se podrá realizar con mayoría absoluta, simplificando el proceso en situaciones de bloqueo parlamentario.
Con el nuevo consejo en camino, muchos de los actuales consejeros se preparan para dejar sus cargos, aunque existe la posibilidad de reelección para un segundo mandato. Este cambio en la estructura y dinámica del consejo tiene, además, implicaciones directas en el nombramiento de la futura presidencia de RTVE, que será designada posteriormente por el Congreso, conforme al artículo 11 de la Ley 17/2006.
La situación en RTVE sigue siendo tensa. Con un consejo de administración en transición y una renovada estructura de poder, el futuro de la corporación pública parece estar en una encrucijada que podría definir la autonomía y el rumbo de la radio y la televisión pública en los próximos años.




















