La normativa, que busca la protección de los menores frente el preocupante incremento de adicciones y trastornos mentales asociados al uso indiscriminado de internet, encontrará importantes dificultades para ser aplicada en un mundo hiperconectado cada vez más difícil de controlar.
En un movimiento trascendental, el Consejo de Ministros ha aprobado un anteproyecto de ley que prohíbe a menores de 16 años el acceso a redes sociales y a menores de 18 años el acceso a ‘loot boxes’, mecanismos de recompensa similares a los de las apuestas incluido en los videojuegos en línea; la regulación también impone la obligación directa a las empresas tecnológicas de incluir un sistema de control parental por defecto.
El funcionamiento de los algoritmos basados en inteligencia artificial utilizados por las redes sociales y plataformas de juegos en línea, han sido ingeniosamente diseñados para fomentar una adicción insidiosa y descontrolada, rastreando el comportamiento del usuario y proporcionando contenidos similares relacionado con las búsquedas anteriores de manera inagotable, manteniendo la atención de los consumidores de forma constante. Este modelo de negocio puede traer consecuencias nefastas en usuarios con problemas y trastornos de salud mental preexistentes, llegando a proporcionar una burbuja informativa, donde se refuerzan las creencias y sesgos individuales.
Numerosos estudios correlacionan de manera directamente proporcional el tiempo destinado al uso de redes sociales con el crecimiento en las tasas de depresión y ansiedad. Los adolescentes y adultos jóvenes que más tiempo ocupan en estos espacios virtuales presentan un 60% más de posibilidades de padecer trastornos emocionales con componentes de percepción de aislamiento, baja autoestima, falta de concentración, privación de sueño y estilos de vida poco saludables.
No obstante, existen múltiples desafíos relacionados a la aplicación real y práctica de esta nueva regulación: Por un lado, las plataformas líderes –Instagram, Twitter (X) y Tik Tok-, gozan de sus respectivas políticas internas de uso y privacidad, con particularidades en cada caso. Por otro lado, no se han desarrollado maneras eficientes de controlar y verificar la edad auténtica de los usuarios. A este reto se le añade la dificultad del cargo de responsabilidad sobre los progenitores del menor, para hacer cumplir la ley dentro de entornos privados en un mundo donde el rápido y fácil acceso a internet ha monopolizado y sustituido de manera tendenciosa casi todas las alternativas restantes de ocio existentes.
La normativa, que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre de 2024 en medio de una encrucijada por la “alfabetización digital”, busca promover el progreso saludable de jóvenes que aún se encuentran en etapas esenciales de su desarrollo cognitivo; no obstante, la cuestiones relativas al fracaso o éxito de estas futuras normas dependerán de las medidas de adaptación correspondientes a las empresas y de las contrarréplicas de la ley ante las diversas formas que los jóvenes encontrarán para eludir dichas restricciones.
